La Corte Suprema limita los poderes arancelarios, continúa la demanda contra BYD

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La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que restringe la capacidad del presidente para imponer aranceles utilizando poderes de emergencia, una decisión que añade complejidad a una demanda en curso presentada por el fabricante de automóviles chino BYD contra el gobierno de Estados Unidos. Si bien el fallo no altera inmediatamente las tarifas automotrices existentes, abre nuevas vías para impugnaciones legales y posibles reembolsos.

Fallo judicial restringe la autoridad presidencial

El 20 de febrero, la Corte falló por 6 votos a 3 que los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) excedían la autoridad presidencial, ya que los poderes para fijar tarifas están asignados constitucionalmente al Congreso. Esto significa que cualquier arancel promulgado únicamente a través de poderes de emergencia ahora puede quedar invalidado y las empresas podrían solicitar el reembolso de los derechos pagados desde 2025.

El fallo es significativo porque aclara la separación de poderes en lo que respecta a la política comercial. Históricamente, los presidentes han utilizado la IEEPA para eludir la aprobación de aranceles por parte del Congreso, citando emergencias económicas o de seguridad nacional. La decisión de la Corte ahora obliga a un enfoque legislativo más deliberado para los cambios arancelarios.

La demanda de BYD gana nuevo terreno

BYD presentó su demanda el 26 de enero de 2026 ante la Corte de Comercio Internacional de EE. UU., impugnando los aranceles impuestos desde abril de 2025. El caso, presentado por cuatro entidades afiliadas a BYD, busca tanto reembolsos como una declaración formal de que los aranceles eran ilegales. El fallo de la Corte Suprema fortalece la posición de BYD, aunque el resultado sigue siendo incierto.

El éxito de la demanda depende de demostrar que los aranceles fueron impuestos ilegalmente bajo la IEEPA. Si bien el fallo no garantiza una victoria para BYD, aumenta la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que justifique sus políticas arancelarias.

Los aranceles existentes no se ven afectados en gran medida

A pesar del fallo, la mayor parte de los aranceles automotrices actualmente vigentes contra las importaciones chinas no se ven afectados. Estos aranceles se aplican principalmente en virtud de las disposiciones de la Sección 232 (seguridad nacional) y la Sección 301 (cumplimiento del comercio), que la decisión del Tribunal no abordó.

Los analistas legales chinos han confirmado esto: Los aranceles de las secciones 232 y 301 continúan aplicándose independientemente de la ley de poderes de emergencia que ahora se considera inconstitucional. Esto significa que las principales barreras comerciales siguen vigentes, independientemente del fallo de la Corte.

Acciones comerciales futuras aún son posibles

El fallo no impide que Estados Unidos imponga aranceles a través de otros medios legales. El presidente Donald Trump ha indicado que su administración explorará vías alternativas para mantener las barreras comerciales. Esto sugiere que la guerra comercial con China está lejos de terminar y puede evolucionar a medida que Estados Unidos busque nuevas formas de ejercer presión económica.

La entrada de BYD al mercado aún es incierta

BYD actualmente vende autobuses eléctricos y vehículos comerciales en América del Norte, pero aún no ha lanzado automóviles de pasajeros en el mercado estadounidense. La futura expansión de la empresa sigue dependiendo de decisiones judiciales, cambios regulatorios y cambios más amplios en la política comercial. El fallo de la Corte Suprema añade otra capa de incertidumbre a los planes de BYD, pero no los elimina por completo.

La decisión de la Corte establece un límite constitucional claro a los poderes arancelarios de emergencia, pero las barreras comerciales más amplias que afectan a los fabricantes de automóviles chinos permanecen intactas. El camino a seguir para los fabricantes de automóviles chinos dependerá de los litigios, la evolución regulatoria y la dinámica cambiante de la política comercial estadounidense.